Reflexiones sobre el impacto de la legislación de la UE en Latinoamérica (a propósito del reciente estudio presentado por GRI Latam)*
Latinoamérica juega un papel crucial en las cadenas de suministro globales. Su ubicación geográfica, la enorme diversidad de recursos naturales y mano de obra capacitada, la convierten en un centro estratégico para las grandes empresas internacionales. De hecho, aquí se ubican gran parte de las cadenas de suministro de las grandes empresas del mundo. Como abogada, con una maestría en derecho empresario y 24 años de ejercicio en la gestión de sostenibilidad como una gestión de riesgos empresarial, siempre imaginé estos escenarios regulatorios, que sin duda irán aumentando en los proximos años. Justamente por eso, desde nuestra organización, comprendimos que era necesario utilizar los aprendizajes y lienamientos voluntarios de sostenibilidad como base para la mejora de los procesos internos de gestión ASG en las compañías.
Claramente, aquellos que conocemos profundamente la práctica en la implemetación de los estándares GRI, vemos que aquellas empresas que reportan con éstos lineamientos, estarán mejor preparadas para cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la normativa ASG de la UE que afecte a países latinoamericanos.
El recientemente presentado estudio titulado “Cumplimiento y Sostenibilidad: Impacto de la Legislación Europea en Latinoamérica”, liderado por GRI Latam, aborda cómo las normativas de sostenibilidad europeas afectan a las empresas en América Latina. Este estudio, además de contener un detallado recorrido de la legislación europea que incide en aspectos ASG, es un llamado a la acción que enfatiza la importancia de que las empresas latinoamericanas adopten prácticas de sostenibilidad, no solo como una obligación normativa, sino básicamente como una estrategia para mejorar su posicionamiento global.
En el informe, se señala que la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) de la Unión Europea, que entrará en vigor en 2025 ejercerá una fuerte presión sobre las empresas latinoamericanas para adaptarse a estos nuevos requerimientos, con consecuencias importantes en términos de costos, competitividad y acceso a mercados globales.
Los Estándares GRI 2021, hacen foco en varios aspectos que inluye la CSRD y de hecho, sirvieron como base para el desarrollo de los Estándares de reporte del European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). En ese sentido, reportar bajo los Estándares GRI podría acercar a las empresas al cumplimiento de estas normativa.
Desde mi punto de vista y experiencia, me parece interesante destacar solo algunos detalles de este informe (sin perjuicio de invitarlos a leer de forma minuciosa el documento completo):
1) Los efectos extraterritoriales de la Directiva (UE) 2022/2464 (la CSRD), se evidencian en los articulos (artículo 40-bis, capítulo 9-bis) que regulan los «informes de sostenibilidad relativos a empresas de terceros países». De conformidad con dicha normativa, los estados miembros exigirán que una empresa filial establecida en su territorio cuya empresa matriz última se rija por el derecho de un tercer país publique y ponga a disposición un informe de sostenibilidad. Se resaltan tres casos diferentes de extraterritorialidad:
- Empresas de la UE que tengan filiales o sucursales no pertenecientes a la UE: en sus informes de sostenibilidad, las empresas matrices de la UE también deben considerar las actividades de las filiales o sucursales no pertenecientes a la UE.
- Empresa matriz no perteneciente a la UE, con filiales/filiales de la UE, que genere un volumen de negocios neto de más de 150 millones € en la UE durante cada uno de los dos últimos ejercicios financieros consecutivos.
- Empresa matriz no perteneciente a la UE, con una sucursal en la UE, cuando la sucursal haya generado un volumen de negocios neto de más de 40 millones € en el ejercicio anterior y la empresa matriz cumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior.
2) La Comisión Europea confirmó que el SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) tiene efectos extraterritoriales, ya que también está dirigido a los participantes en los mercados financieros que se encuentran fuera de la UE, pero que comercializan sus productos en la UE.
3) Se consideró también la extraterritorialidad desde el 2027 del Reglamento (UE) 2023/956, por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera de las Emisiones de Carbono (CBAM).
4) La aplicación de CS3D – Debida Diligencia en materia de Sostenibilidad de las Empresas, afectará a toda la cadena de valor de las empresas de la UE, incluidas sus filiales, sucursales o proveedores de terceros países, así como, directamente, a las empresas de terceros países que cumplan determinados requisitos, que deberán monitorear los impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente.
5) El Reglamento UE 2023/1115, sobre la comercialización en el mercado UE de productos asociados a la deforestación, establece que los “operadores” no introducirán en el mercado los productos pertinentes sin la presentación previa de una declaración de debida diligencia”, siendo que en el caso de “productos relevantes” se puede considerar a elaborados con ganado, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera.
6) Los principales sectores impactados en Latinoamérica por las normas ASG europeas con efectos extraterritoriales son el sector financiero (bancario, seguros, activos), el de productos forestales (maderables, no maderables, papel) y la industria / manufactura.
7) La legislación de la UE con más influencia en Latinoamerica seria: el Reglamento 2020/852, sobre inversiones sostenibles; la Directiva 2013/34UE sobre estados financieros que unifica la información ASG, y adopta la perspectiva de doble materialidad; el Reglamento 2320/1115 sobre deforestación; y el Reglamento 2023/956 sobre Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CIBAN).
8) En la consulta realizada a distintos grupos de interés, resultó que a pesar de que los encuestados manifestaron no tener mucho conocimiento acerca de la normativa europea y sus efectos, consideraron que el sector empresarial de los países donde trabajan no está lo suficientemente preparado para adaptarse al cambio requerido por las normas europeas.
9) En las mesas de trabajo en Argentina, Chile y Uruguay, concluyeron que existe una percepción generalizada de que, por el momento, no hay presión para prepararse para la implementación efectiva de estas normas y que faltan detalles reglamentarios para su cumplimiento, y que, dado que las normas europeas de ASG son relativamente recientes, prevalece el desconocimiento sobre su alcance y sus efectos, con lo cual habría oportunidades para generar instancias de educación, capacitación y sinergias entre los sectores legales, académicos y productivos para gestionar adecuadamente la normativa regulatoria europea en materia de ASG.
10) También se concluyó que las subsidiarias de empresas transnacionales tienen mayor conciencia y recursos, mientras que las empresas nacionales se enfocan más en cumplir la legislación local.
11) Se observó que, cuando existen equipos de sostenibilidad, los departamentos legales se enfocan en aspectos contractuales, regulatorios, laborales y comerciales, mientras que todo lo relacionado con sostenibilidad se delega a un equipo, dirección o funcionario especializado en esta área. Sorprendentemente, estos equipos a menudo no se comunican entre sí, lo que ha colocado a algunas empresas en situaciones de riesgo.
Para concluir esta reflexión basada en este excelente Estudio realizado por GRI Latam, que les recomiendo estudiar en detalle, es evidente que aquellas empresas que han avanzado en la capacitación y concientización de sus equipos internos para la incorporación de una gestión de sostenibilidad sistematizada, medida y reportada, basada en lineamientos internacionales como GRI, SASB y otros reconocidos, tienen ya parte de un camino recorrido ante la legislación ASG que podría involucrarlas. De hecho, tendrían también una mejor oportunidad comercial al poder participar de mercados internacionales. Pero este artículo no es para desmoralizar a aquellas empresas que no estan aún en ese camino, sino es también ese “llamado a la acción” compartido con mis colegas, ya que aún esta legislación es muy reciente, quedan etapas y procesos regulatorios para su implementación, y tampoco impactará directamente a todas las empresas de la región.
Todo esto implica una alerta significativa para iniciar procesos voluntarios, reales y sistematizados, de gestión de la sostenibilidad empresaria que se anticipe a futuras legislaciones. Hay mucho por hacer, muchos lineamientos de implementación voluntaria que pueden utilizarse como base de trabajo: como los de Global Reporting Initiative; los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y sus indicadores para la Agenda 2030 y recientemente el llamado específico de Forward Faster; los principios y recomendaciones de la Norma ISO 26000 de responsabilidad social; las de Sustainability Accounting Standards Board o SASB; las normas de AccountAbility Principles y Stakeholders Engagement (AA1000 AP y SES) entre otras. Todas de uso voluntario y con un enorme expertise y reconocimiento internacional y utilizada por la mayoria de las grandes empresas en el mundo. Ese es mi consejo personal y profesional, claramente.
Esta legislación europea, sin duda impulsará la adopción de mejores prácticas de sostenibilidad, lo que a largo plazo podría mejorar la competitividad de las empresas en mercados internacionales y el esperado beneficio en el impacto en la sociedad y el medioambiente.
* Fuente: “Cumplimiento y Sostenibilidad – Impacto de la Legislación Europea en Latinoamérica. Alianza del Ecosistema Legal para la Sostenibilidad de América Latina. “, GRI, Suecia Sverige, Confederación Suiza Embajada de Suiza en Colombia., Octubre 2024.
Les recomiendo la nota de Sustentomics donde se presenta dicho informe.
